El dictamen motivado de la Unión Europea al Gobierno de España fue el centro de atención de la V Convención Nacional en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia. En una apretada jornada de mañana y tarde, representantes de farmacéuticos, autoridades, asociaciones sociales y organizaciones de consumidores expresaron su apoyo unánime al actual modelo español de farmacia.\
El dictamen motivado de Bruselas del pasado 29 de julio en el que la Comisión Europea cuestionaba el modelo español de farmacia centró las distintas intervenciones de la V Convención Nacional en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia que se celebró en Valencia el pasado 21 de octubre. El debate se centro, por tanto, en la puesta en entredicho por parte de la UE del binomio titularidad-propiedad y de los criterios vigentes de autorización, gestión y planificación.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia anfitriona, Javier Climent, explicó que cuando la profesión recibe un ‘mazazo’ como ese tiene que «reflexionar y tratar de comprender qué es lo que se está discutiendo». En su opinión, se pone en cuestión la ordenación farmacéutica: «A veces tendemos a pensar que ordenar las farmacias es ordenar algo ajeno, y no es así; en verdad lo que se está ordenando es el medicamento».
«No debemos cambiar un modelo que es bueno para el paciente y que respeta la profesión del farmacéutico, que nos da carrera profesional, no como en otros países. Aquí tenemos profesión y desarrollo profesional porque la ley se basa en ordenar la profesión y no los comercios; no podemos tolerar que nos lo quiten, nadie nos puede expropiar la profesión y los ciudadanos no van a permitir que nos lleven a un modelo que significará peor servicio y un encarecimiento de los precios», manifestó Climent.
En este sentido, propuso a Europa que adopte el modelo español como referente en la UE, con el que se abrirían 95.000 nuevas farmacias. «Esto debe hacer meditar a la Comisión Europea; que nos dejen trabajar, porque parece inaudito que se olviden de los verdaderos problemas de los pacientes y se dediquen a distorsionar un modelo que funciona de una manera magnífica» añadió.
Por su parte, el presidente del COF de Castellón, Jesús Bellver, explicó que «los países regulados, como España, funcionan mejor que donde no lo están. En otros países donde no está regulado han pasado a manos de tres cadenas y sólo se han quedado en las ciudades. En algunos pueblos es el propio médico el que vende los medicamentos. Bruselas se ha equivocado en este tema». «Los intereses están clarísimos y tenemos que defendernos como sea».
Jaime Carbonell, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, defendió el carácter social del modelo de farmacia español. Este carácter se justifica porque el modelo está implicado «en el sistema público de salud de España y de todas las autonomías, cosa que no sucede en Europa». «Somos un eslabón más de la cadena del servicio público de salud».
Además, explicó que las leyes autonómicas, tomando como ejemplo la valenciana, son «consensuadas entre los distintos implicados [colegios profesionales, empresariales, asociaciones de consumidores y políticos], de amplio espectro, porque el régimen general abarca la farmacia rural y dinámica, ya que se adecua a las necesidades en el tiempo, por ejemplo sobre traslados y guardias».
El presidente del COF de Alicante destacó la unanimidad en la defensa del modelo de las distintas administraciones (autonómicas y nacionales) ante la decisión que se tiene que tomar en Bruselas, además de la «absoluta unidad del Consejo General, los consejos autonómicos, colegios farmacéuticos, económicos, consumidores…», que están «todos en el mismo barco».
El presidente del COF de Madrid, Alberto García Romero, sobre el modelo anglosajón afirmó: «Es ajeno al nuestro; es, como todos sabemos, peor tanto en términos sanitarios como en términos sociales, pero también en términos económicos, como hemos demostrado en un estudio hecho desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. El modelo liberalizado es menos eficaz y eficiente que el modelo de medicina en general y el nuestro en particular».
Isabel Vallejo, presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), denunció «las tensiones liberalizadoras que viene sufriendo el sector desde el año 1998 con el Tribunal de Defensa de la Competencia y que siguió con la ley de libertad de horarios».
Vallejo aseguró que estas presiones se elevaron con la carta de apercibimiento de Bruselas del año 2005 de la que nadie tuvo conocimiento porque el Gobierno no lo hizo público. Para la presidenta de FEFE, esta carta tuvo dos consecuencias claras: «la inclusión en la Ley del Medicamento de la venta de medicamentos por Internet, que no aparecía en el borrador, y la tramitación de la ley de sociedades profesionales, que podría cambiar la titularidad de las farmacias».
A su juicio, el dictamen motivado es el último eslabón de este ‘acoso’ cuyo objetivo «no son los baremos, ni es el servicio; el verdadero objetivo del mismo es la propiedad, liberalizar las propiedades». «Detrás de estas presiones europeas para que sea Mercado Interior (y no Sanidad) el que nos llame la atención están las grandes cadenas, sean de capital farmacéutico o no, que ya están preparando su estructura. Quieren el mercado del medicamento español, que actualmente mueve un billón de pesetas».
En cuanto a la respuesta del Gobierno español al dictamen motivado de Bruselas, el director general de Farmacia de la Generalitat valenciana, José Luis Gomis, acusó a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, de que, «siendo la única voz autorizada para la defensa del modelo actual de ordenación farmacéutica en España ante la Unión Europea, no ha informado en lo más mínimo a las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas sobre ordenación, sobre en qué van a basar la supuesta defensa del actual modelo».
Durante la V Convención la profesión farmacéutica contó con el apoyo de los representantes de distintas asociaciones de ciudadanos y de consumidores y usuarios, quienes manifestaron unánimemente su incomprensión ante un proyecto que «pretende cambiar algo que funciona y que es próximo por algo que va a estar lejano y no formará parte de la vida diaria de los ciudadanos de un determinado entorno».
Por último, los juristas que asistieron al encuentro se mostraron optimistas frente al dictamen motivado remitido por la Comisión Europea. Consideran que el procedimiento es «insostenible». Ninguno de los ponentes encontró motivo alguno que lo justifique. En consecuencia, como señaló uno de los abogados participantes, Ramón Entrena, hay algo oculto en el planteamiento de la Comisión y, según él, es el intento de acabar con las profesiones liberales, reguladas, y, por lo tanto, poner fin a la vinculación que existe entre titularidad y propiedad de la oficina de farmacia.
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Fuente: El Global