La Ley de Farmacia se enfrenta a una enmienda a la totalidad El proyecto de Ley de Farmacia de Asturias ha de reanudar su tramitación en las próximas semanas y tiene ante sí duras batallas que librar: una enmienda a la totalidad y 50 enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular. Los puntos fruto del desacuerdo hacen referencia a diversas cuestiones: concertación, planificación, jubilación, etc. Según las previsiones de la consejería, la ley se aprobará antes de final de año.
Fuente: MARTA BAEZA ESCUDERO (MADRID. EL GLOBAL ).
La actualidad farmacéutica no interrumpe ni altera la tramitación de las leyes de ordenación farmacéutica en las diferentes regiones. Ni Bruselas y su dictamen motivado ni la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos han parado ni ralentizado el proceso de la Ley de Farmacia de Asturias, a pesar de que, en esta autonomía, el Grupo Popular pidió antes del verano una prórroga para su ponencia porque querían basarse en el texto definitivo de la Ley 29/2006, según Carlos Galcerán, portavoz de Sanidad del Grupo Popular. «Ante la negativa de la mesa, lo que hicimos fue presentar una enmienda a la totalidad que se prevé que se debata el 26 de octubre», continúa.
José Ramón Riera, director de Organización de las Prestaciones Sanitarias de la Consejería de Salud, sostiene que «lo normal es que los trámites de las leyes sigan su curso y, luego, si tienen que introducir modificaciones, lo hagan».
En opinión de Galcerán, el proyecto de ley —actualmente en fase de tramitación parlamentaria— se basa claramente en la anterior Ley del Medicamento. A este respecto, Riera argumenta que las únicas modificaciones que se tienen que introducir debido a la nueva norma estatal se refieren a un tema de botiquines y a la definición de determinados aspectos del régimen sancionador, lo que «no conforman ninguno de los puntos esenciales de la Ley de Farmacia».
En cualquier caso, las desavenencias entre la Consejería de Salud y otros representantes del sector —como el PP o el Colegio de Farmacéuticos de Asturias (ver EL GLOBAL nº 290 y 293)— en relación al texto son variadas.
El primer punto de desacuerdo que cita Carlos Galcerán se refiere a que el proyecto contempla la posibilidad de funcionar a través de la concertación individual con las farmacias, lo que es confirmado por Riera: «La concertación con las oficinas se hará como la Administración decida». No obstante, matiza que «en ningún caso se cierra la puerta al acuerdo que se tiene ahora con el colegio profesional», que piensan mantener. De hecho, informa de que la Consejería de Salud está estudiando el nuevo concierto que debe firmarse el próximo febrero en el que, «por ejemplo, tendrá que incluirse la regulación sobre la sustitución que recoge la Ley de Garantías».
Respecto a la jubilación obligatoria a los 65 años, que el portavoz del PP rechaza ya que ninguna autonomía pone este límite «restrictivo», el responsable de la consejería argumenta que no se niega que se siga trabajando a partir de los 65 años, sino que se traspase la autorización. En este sentido, la Administración ha tomado como referencia el Estatuto Marco, añade.
La planificación, que permite abrir farmacias en poblaciones de más de 600 habitantes, se valora negativamente desde el PP —»resulta inviable una farmacia de calidad»— y, en cambio, Riera asegura que «hay muchos farmacéuticos dispuestos a dirigir una farmacia en esos núcleos rurales y demostrar que se mantiene».
Otros puntos críticos del proyecto se refieren a la regulación de los farmacéuticos de hospital y de los auxiliares y técnicos de la oficina de farmacia, «a los que no se da la importancia adecuada», en palabras de Galcerán. El portavoz de la consejería responde que, respecto al primer colectivo, la ley no puede regular cuestiones referentes a los recursos humanos, según se demanda, y en relación a los auxiliares y técnicos de farmacia, cree que su función está regulada adecuadamente.
Una ley y dos posturas: ¿restrictiva o moderna?
Para el portavoz del PP en Asturias, Carlos Galcerán, el proyecto de Ley de Farmacia resulta excesivamente intervencionista y restrictivo. Además, cree que el texto tiene mucho de ordenación y poco de Atención Farmacéutica (AF) —crítica que comparte el colegio de farmacéuticos (ver EL GLOBAL nº 293)— y cita cómo de 73 artículos de la normativa, sólo cinco hacen referencia a este concepto. Por su parte, José Ramón Riera, de la Consejería de Salud, responde que ninguna ley comunitaria regula específicamente la AF y que, con recoger su importancia en varios artículos, es suficiente. Además, opina que la intención del COF es que se incluya como prestación sanitaria para cobrar por ella. En su opinión, «el proyecto es moderno y ofrece seguridad jurídica».